La reciente aprobación por parte del gabinete ministerial israelí de un plan para ocupar de forma permanente la Franja de Gaza marca un giro decisivo en el curso de la guerra contra Hamás. Esta decisión trasciende el ámbito militar: redefine el conflicto como un proyecto de control territorial y transformación demográfica, cuyas implicaciones vulneran flagrantemente el derecho internacional humanitario.
| Por: Mauricio Trujillo Uribe* / Ágora de Domingo |
Las agencias de prensa informan de un nuevo plan aprobado el domingo 4 de mayo por el gabinete ministerial israelí: suspende las incursiones temporales y plantea la ocupación total del enclave, con presencia continua de fuerzas israelíes. Voces oficiales, como la del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, han sido explícitas: “Vamos a ocupar Gaza para quedarnos. No habrá más entrar y salir”.
El objetivo declarado es derrotar a Hamás, rescatar a los rehenes y garantizar la seguridad, pero la realidad revela otra lógica. Desde marzo no se ha liberado un solo rehén, y la intensificación militar ha puesto en mayor peligro su vida. De hecho, el Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos ha denunciado que el gobierno sacrifica a los secuestrados por una ocupación que no cuenta con respaldo mayoritario en la sociedad israelí. Encuestas recientes indican que más del 70 % de la población preferiría una salida negociada.
Para el primer ministro Benjamin Netanyahu, esta guerra representa también una estrategia de supervivencia política. Enfrentado a cargos de corrupción, su permanencia en el poder depende del apoyo de una coalición ultraderechista que respalda abiertamente la ocupación y el rediseño demográfico de Gaza.
El plan contempla el desplazamiento masivo de la población hacia el sur del enclave, especialmente hacia el denominado “corredor de Morag”, una franja que representa menos de una cuarta parte del territorio gazatí. Allí se proyecta confinar a más de dos millones de personas en condiciones extremadamente precarias. Aunque se presenta como una medida de “protección civil”, en realidad responde a una lógica de limpieza étnica que busca vaciar Gaza de su población para rediseñarla geopolíticamente en favor de Israel.
Esta visión ha sido promovida durante años por sectores de la ultraderecha religiosa israelí, y encontró un escenario propicio con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE. UU., quien ofreció respaldo absoluto a Netanyahu, incluso sugiriendo convertir Gaza en un destino turístico, despojando a sus habitantes. El actual contexto político ha permitido al gabinete israelí avanzar en ese proyecto, que remite a prácticas coloniales del siglo pasado.
La implementación de este plan resucita el fantasma del Nakba, nombre con que los palestinos recuerdan el éxodo forzado de 1948 durante la creación del Estado de Israel. La ocupación total de Gaza y la reubicación forzada de su población, lejos de ser efectos colaterales del conflicto, son pilares estructurales de una estrategia que busca la subordinación total del enclave y, posiblemente, su anexión futura.
El colapso humanitario
Paralelamente, Gaza atraviesa una emergencia humanitaria extrema. Diversas agencias de la ONU califican la situación como “apocalíptica”. Desde marzo, Israel ha bloqueado el ingreso de ayuda humanitaria, empujando a más de dos millones de personas a la inanición. Las agencias humanitarias, como la OCHA y el Programa Mundial de Alimentos, han denunciado que la propuesta israelí de canalizar la ayuda únicamente a través de empresas privadas seleccionadas por el Ejército viola los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia.
El objetivo declarado de evitar que Hamás controle la distribución de alimentos y medicinas ha derivado en un castigo colectivo. Según denuncias de organizaciones como B’Tselem y el Consejo Noruego para los Refugiados, esta estrategia busca quebrar la resistencia civil y forzar una “emigración voluntaria” al extranjero, lo que constituiría un crimen de guerra si se confirma el uso deliberado del hambre como arma. La Corte Penal Internacional investiga actualmente al primer ministro Netanyahu y a su exministro de Defensa por múltiples cargos, incluyendo causar hambre deliberada, homicidio intencional, exterminio y desplazamiento forzado de civiles.
La infancia ha sido particularmente golpeada por esta catástrofe. Según UNICEF, más de 10.000 niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda, y al menos 1.600 enfrentan riesgo de muerte. La escasez de suplementos nutricionales y medicamentos esenciales ha detenido incluso las campañas de vacunación, lo que anticipa efectos irreversibles en el desarrollo físico y neurológico de una generación entera, con consecuencias devastadoras a largo plazo.
Más allá de la crisis alimentaria, el costo humano de la ofensiva militar israelí es abrumador. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, el conflicto ha dejado más de 52.000 muertos y 118.000 heridos. La destrucción de hospitales, la muerte masiva de civiles, y el desplazamiento forzado de comunidades enteras constituyen una operación de castigo colectivo que desafía cualquier justificación militar legítima.
El silencio de la comunidad internacional
Lo que ocurre en Gaza no es solo una tragedia humanitaria ni un caso de crímenes de guerra. También representa un desafío crucial para la legitimidad del orden internacional. La tibieza de la respuesta occidental, que en muchos casos ha priorizado alianzas estratégicas por encima del derecho, debilita la credibilidad de organismos multilaterales y alimenta la percepción de impunidad para ciertos Estados.
El plan israelí de ocupación total y desplazamiento masivo amenaza los principios fundamentales que rigen el comportamiento de los Estados en tiempos de guerra. No puede aceptarse como parte de una “guerra contra el terrorismo” el genocidio de una población civil ni la destrucción deliberada de una sociedad entera. La liberación de los rehenes, que viven un infierno, la seguridad de Israel, a la que tiene todo el derecho, y la necesidad de justicia para las víctimas del 7 de octubre, no deben utilizarse como excusa para pisotear el derecho internacional humanitario.
Gaza se ha convertido en el epicentro de una crisis global que pondrá a prueba el futuro del derecho internacional, la responsabilidad de los Estados y los valores esenciales de la humanidad. Es hora de que la comunidad internacional deje de hablar en susurros y actúe con decisión: el reconocimiento de los dos estados, Israel y Palestina, es la única solución.
0 Comentarios