| Por: Luis Bonilla-Molina* / Le Monde |
En los últimos setenta días en Venezuela se han operado cambios estéticos, comunicacionales y de narrativas políticas. Las boinas rojas han sido cuidadosamente sustituidas por emblemas oficiales con una paleta de colores que van del blanco al azul, la indumentaria militarista ha dado paso a la vestimenta diplomática formal, y el “yankees de mierda” se ha diluido en un “Estados Unidos socio y amigo” del gobierno que lidera Delcy Rodríguez. Esto ha generado un debate respecto al estatus de Venezuela, si en la actualidad es un protectorado o una colonia. Veamos las formas como se expresa la relación Estado Unidos-Venezuela en el presente, para contribuir a dilucidar realmente el momento político en el que se encuentra el país.
El concepto de colonia proviene del latín colonia, derivado de colonus (colono, agricultor o poblador), considerado en el derecho romano como el asentamiento de ciudadanos establecidos en territorios conquistados para asegurar el control imperial en los planos económico, político y militar. Para Moses Finley las colonias romanas actuaban como extensiones del poder metropolitano. El significado moderno del término se consolida durante la expansión europea ocurrida entre los siglos XV y XIX por parte de los imperios español, portugués, británico, francés y neerlandés, pasando a ser la colonia un territorio conquistado y gobernado directamente por una potencia extranjera, cuya economía y estructura política están subordinadas a la metrópoli. Por su parte, el investigador Jûrgen Osterhammel señala que el capitalismo moderno supone dominación política externa, explotación económica sistemática e imposición cultural y administrativa. Los rasgos centrales de una colonia son dominación política directa (soberanía sobre el territorio colonizado), administración colonial (gobierno dirigido por funcionarios enviados por la potencia colonizadora), subordinación económica (la metrópoli colonial organiza la extracción de materias primas, mercados cautivos, plantaciones y minería), y jerarquía racial, cultural o tecnológica (superioridad que justifica la situación colonial).
Mientras que el protectorado, que proviene del latín protector, que significa defensor, aparece en el derecho internacional moderno entre los siglos XVIII y XIX, para describir la relación política caracterizada por un Estado poderoso que asume el rol de “proteger” militar y diplomáticamente a otro territorio, el cual conserva cierto grado de autonomía interna. Para Lassa Oppenheim el protectorado es una relación internacional en la cual un Estado conserva su personalidad jurídica interna, pero delega en otro la gestión de sus relaciones exteriores. Esta figura de dominación ha sido utilizada en múltiples oportunidades por los imperialismos, en casos como el Protectorado británico sobre Egipto (1882-1922), el Protectorado francés en Marruecos (1912-1956), el Protectorado británico en Nigeria antes de su colonización formal. Frederock Cooper afirma que el protectorado es una forma flexible de dominación imperial que permite mantener estructuras políticas locales subordinadas. Los rasgos más relevantes del protectorado son autonomía interna limitada (el territorio conserva autoridades locales, instituciones propias, administración interna), control externo (la potencia protectora controla la política exterior, la defensa y el comercio internacional), subordinación diplomática (el país “protegido” no posee soberanía internacional) y dominación indirecta (la nación dominante gobierna a través de élites locales subordinadas, al estilo del indirect rule británico).
En ambos casos existe asimetría del poder entre metrópoli y territorio subordinado, tanto colonias como protectorados suelen ser incorporados a sistemas económicos controlados por la potencia dominante, los territorios no poseen autonomía plena en decisiones estratégicas y, como diría Hannah Arendt, ambas figuras de dominación forman parte de las estructuras de expansión imperial. Sus diferencias sustantivas son: mientras en la figura colonial abierta la soberanía es eliminada, en el protectorado es formalmente conservada; en la primera la administración es hecha directamente desde la metrópoli, mientras que en la segunda las autoridades locales subordinadas cumplen esa función. En términos prácticos, la tendencia es a que los protectorados evolucionen a formas coloniales de dominación económica, financiera, política, militar y tecnológica.
El caso de Venezuela, a partir del 3 de enero de 2026, tiene rasgos singulares, que combinan ambas formas de dominación imperial, en lo que hemos denominado una situación colonial, surgida a partir de la Estrategia de Seguridad Nacional (que combina y actualiza la Doctrina Monroe con el corolario Trump). Venezuela ha perdido su forma Republicana, ya que le ha sido arrebatada por los Estados Unidos su capacidad para vender sus riquezas (petróleo, oro, tierras raras), se ha transferido la soberanía política emanada del pueblo y el sufragio a los designios de la Casa Blanca, sus Fuerzas Armadas son supervisadas por el Comando Sur y las aeronaves militares imperiales sobrevuelan el espacio aéreo nacional sin requerir autorización ni del parlamento ni del Ejecutivo local. A partir del 3 de enero de 2026, toda decisión institucional se factura abierta y explícitamente en Washington, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, las Secretarías de Seguridad, Energía e Interior, la Central de Inteligencia Americana (CIA) y el Comando Sur, teniendo la encargada de negocios norteamericanos en Caracas, Laura Dogu, el papel que en el periodo colonial español se le otorgaba a la Capitanía General. La República se ha perdido, de manera vergonzosa, a partir de la ausencia de respuesta militar-policial venezolana ante la agresión norteamericana del 3 de enero, la absoluta sumisión al imperialismo norteamericano por parte de la clase política gobernante y la mayoría de la oposición de derechas, y la imposibilidad de construir –hasta ahora– un frente popular nacional antiimperialista.
El gobierno venezolano ha pasado a ser una Junta de Administración colonial, que ha admitido que su legitimidad de origen proviene de la voluntad de la administración Trump, confirmando la pérdida de la República. El presidente Donald Trump, el 7 de marzo de 2026 –a solo dos meses del ataque militar a Venezuela, el secuestro y traslado a EEUU del presidente de la nación y su esposa– en el marco de la cumbre “Escudo de Las Américas” declaró: “Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno de Venezuela. De hecho, lo hemos reconocido legalmente”. La respuesta de la presidenta encargada –cuya designación fue primero anunciada por Trump el 3 de enero, y solo horas después, envestida en el cargo de presidenta encargada por la Asamblea Nacional– no fue como se esperaba, ratificando su discurso asumido desde la agresión que el “presidente constitucional seguía siendo Nicolás Maduro”, sino “Consideramos esta decisión como un reconocimiento al pueblo de Venezuela y su justa causa por la verdad sobre nuestro país”.
Petróleo, oro, tierras raras y control poblacional, a cambio de permanencia en el poder
Como diría Pepe Mujica, ser socialista no significa ser estúpido. La experiencia de empobrecimiento terrible de la población venezolana, la destrucción de los elementos de la modernidad y el progreso burgués en solo una década, la confiscación de la soberanía electoral y las libertades de opinar o disentir, así como el desastre de pérdida de la República a cambio de que una cúpula que manosea el discurso socialista se mantenga en el poder, es algo que debemos reflexionar. Siempre he defendido que una revolución debe ser dirigida por la clase trabajadora, para que avance al ritmo que las condiciones y coyuntura lo permita, pero lo que hemos experimentado en muchas revoluciones triunfantes es la confiscación de este “sentido común colectivo” por parte del partido de vanguardia, el comité central, el buro político y los líderes de estos procesos. ¿No tendríamos que volver a las ideas fundacionales, que señalaban que las condiciones materiales de vida determinan la conciencia social? Y que solo si se amplían las libertades políticas, económicas, sociales, estamos en una revolución. ¿No será acaso, que cuando se piden sacrificios por años a un pueblo, en nombre de una ideología convertida en fe, sea cual sea, y esto solo sirve para empeorar las condiciones materiales de vida de los trabajadores, porque la burocracia no ha medido correctamente las reales posibilidades de avanzar por ese camino, en realidad las revoluciones se están colocando de espalda a la idea de socialismo? Y sobre todo, ¿no se tendría que reafirmar, desde la necedad de los héroes de la Comuna de París, que los intereses de un partido político, por mucho que se autodenomine socialista o comunista, nunca podrán estar por encima del bienestar y las libertades de un pueblo?
Hoy en Venezuela, quien vende el petróleo son los Estados Unidos, mientras la Junta de Administración colonial dirigida por Delcy Rodríguez reformó en solo días la legislación de hidrocarburos, para que el país pase de percibir 30% de regalías a solo 15%. Mientras Estados Unidos se lleva un cargamento de oro calculado en 100 millones de dólares, se anuncia el ingreso de transnacionales habilitadas para vender directamente nuestras riquezas, se acerca el capital extranjero a las áreas de tierras raras, en tanto los trabajadores siguen viendo diluidas sus prestaciones sociales, derechos adquiridos, y libertad para organizarse y luchar por lo justo. Estados Unidos, quien ha creado cuentas bancarias para administrar los recursos de las riquezas venezolanas –que ahora ellos venden directamente– no se preocupa por sus nacionales, miles de los cuales viven en las calles, sin sistemas sociales de salud y con cárceles llenas de pobres, si esto hace en su país y con su población, ¿por qué tendrían los gringos que preocuparse por el destino de los ciudadanos venezolanos?
De Estado mágico rentista a dispensador de miserias
Fernando Coronil en su libro El Estado Mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, construye ese concepto de Estado como metáfora para describir lo que ocurre en el país a partir de la explotación petrolera desde inicios del siglo XX. Para Coronil, el Estado venezolano emerge como un agente capaz de producir milagros económicos y sociales, transformando súbitamente la riqueza emanada de los hidrocarburos en progreso nacional. En ese imaginario, el Estado se configura en una entidad casi sobrenatural, capaz de modernizar la sociedad. Esta representación, resultante del hecho que la riqueza no proviene del trabajo productivo sino de la captura de renta internacional en el mercado mundial, lleva a que la bonanza estatal aparezca como un hecho surgido “mágicamente”, carente de origen social. El Estado venezolano, dispensador de riqueza y garante de progreso, se convierte en la representación encarnada de la nación, creando una ilusión de omnipotencia, que es la base cultural y política del sistema rentista venezolano.
Al desaparecer el país periférico agrario, pre petrolero, surge el rentismo, haciendo que el Estado se convierta en el principal distribuidor de la riqueza (mediante gasto público, infraestructura, subsidios, importaciones, empleo estatal), creando una “nación con dos cuerpos”: uno, natural, proveniente del subsuelo petrolero, otro, político, asumido por los ciudadanos, siendo el Estado el mediador y articulador entre ambos. Ocurre una deificación del Estado que lo coloca en el imaginario como fuente de distribución de la riqueza, motor de la modernización y garante del bienestar social. El llamado “socialismo del siglo XXI”, que desde 2005 se convierte en centralidad de la Revolución Bolivariana, se construye desde esta matriz conceptual, llevando a que el socialismo aparezca como el reparto de gotas de petróleo entre los ciudadanos. Pero peor aún, al pretender mezclar e integrar aceite con agua, impulsa políticas de control y subsidios de precios, política cambiaria auxiliada, y programas de ayuda social basados en el comportamiento de los ingresos petroleros propios de periodos de auge de los precios del crudo a nivel mundial. Cuando se produce la abrupta disminución de ingresos al fisco nacional, por la caída de los precios de las energías fósiles a nivel internacional, el castillo de naipes del socialismo del siglo XXI comienza a derrumbarse. Esto adquiere niveles dramáticos, cuando el Madurismo, que expresaba al sector de la nueva burguesía Bolivariana surgida entre 2002-2014, abandona el programa policlasista impulsado por Chávez, convirtiendo al llamado poder popular, consejos comunales, fábricas recuperadas y estado mayor de la clase obrera, en una caricatura discursiva y cascarón vacío, útil para mantener una base social, que había comprado el discurso radical socialista, propio del Estado Mágico. Las sanciones norteamericanas, criminales y terribles para la economía rentista venezolana, sirvieron de justificación para el abandono del programa nacional-popular chavista y colocar al acuerdo inter burgués en el centro de la preocupación política del Madurismo. Delcy Rodríguez fue la operadora política del reencuentro de las burguesías y la aplicación desde el 2018 de un plan de ajuste estructural al estilo del FMI. La imagen de Delcy Rodríguez inaugurando las sesiones anuales de la empresarial Fedecamaras explican la razón del reconocimiento de Trump a su gestión, porque reconcilia a las burguesías con el imperialismo norteamericano. Desde 2014 el Estado Mágico pasó de ser el agente ilusionista del derrame de prosperidad, a ser el dispensador de la pobreza y miseria para miles de venezolanos, ahora orientado claramente al enriquecimiento de los ricos y un acuerdo inter burgués.
La revolución traicionada
El año 2004 le obsequié a Hugo Chávez el libro de León Trotsky La revolución traicionada. Días después me diría que ese texto, junto al de Plejanov El papel del individuo en la historia, eran de los que más le habían impresionado, solicitándome coordinar la publicación de una edición de 10.000 ejemplares. No quiero imaginarme la opinión que habría causado en la mente aguda de Chávez la novela de Leonardo Padura “Morir en la orilla”.
En el caso venezolano, ¿en qué ha consistido la traición de la revolución? Determinarlo implica definir cuál fue el acontecimiento político, social y económico que dio origen a la revolución que lideró Chávez. Mientras los militares rebeldes –salvo Chávez– insisten que fue el 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, la corriente histórico-social revolucionaria sostiene que fue el 27 y 28 de febrero de 1989, respuesta popular a la eclosión de la crisis estructural de 1983. Chávez siempre fue fiel a su programa político esbozado en la Agenda Alternativa bolivariana (AAB, 1996), consistente en superar el impacto social de la crisis estructural venezolana que estalló el febrero de 1983 (que sigue en curso), mediante una reingeniería político-social que sustentara un nuevo policlasismo y renovados instrumentos de intermediación política. Los elementos de superación de la economía rentista de su política, nunca abandonaron la explotación del petróleo, lo cual implicaba una contradicción difícil de resolver, incluso con estrategias heterodoxas.
Chávez ganó la presidencia de la República (1998) con la promesa de impulsar un capitalismo humano, la tercera vía popularizada por el sociólogo británico y miembro de la Cámara de los Lores Anthony Giddens. Para lograrlo, se alió con lo que consideraba el ala progresista y nacionalista de la burguesía (representada por Luis Miquilena), pero este sector le abandonó pronto, vinculándose al golpe de Estado de 2002. Este momento es crucial para entender el desenlace de lo que se conoció como revolución bolivariana, pues Chávez, en los hechos, asume a partir de ese instante un camino dual, fortalecer la democracia participativa y protagónica, el poder popular y los consejos comunales, a la par que incorpora el llamado proyecto económico de la revolución como mecanismo para construir una nueva burguesía bolivariana, encarnada por sectores militares y civiles afines. Aunque esto último no fue explicitado, se hizo inocultable con la crisis bancaria del 2009, cuando quedó en evidencia que estaba surgiendo una élite económica tan corrupta y parasitaria como la anterior. Este ocultamiento fue el inicio de la traición a la revolución bolivariana, escalándose a partir del 2013 cuando Maduro decide abandonar el proyecto nacional-popular comunal (aunque formalmente se siguiera hablando del mismo), mientras se consolidaba una nueva burguesía y se avanzaba hacia un acuerdo inter burgués que se fortaleció con el ataque del 3 de enero a Venezuela, el pacto Trump-Delcy Rodríguez, la pérdida de la República y el establecimiento de una Junta de Administración colonial coordinada por los hermanos Rodríguez y Laura Dogu, encargada de negocios norteamericanos en Venezuela. La convocatoria al socialismo del siglo XXI no llegó siquiera a alcanzar un nuevo modelo de policlasismo. Pero, no nos equivoquemos, la situación colonial que surge de los eventos del 3 de enero tiene muy pocas posibilidades de resolver la crisis estructural abierta desde 1983, prefigurando turbulencias sociales, políticas y económicas en los escenarios prospectivos.
Estado de excepción democrática
Maurizzio Lazarato insiste en que estamos en una guerra civil mundial continuada, cuya principal víctima es la democracia. Venezuela va perdiendo el régimen de libertades democráticas desde el inicio de su crisis estructural en 1983, hace ya más de cuarenta años. Esta disolución de la democracia se acentuó y llevó a niveles de cierre o estado de excepción durante el gobierno de Nicolás Maduro. Este acto de clausura ocurrió sin disimulo, con carencia absoluta de creatividad, incluso con chabacanería e imprudencia. El Estado de excepción democrática no solo ocurrió con la confiscación de la soberanía electoral en 2024, sino con la puesta en escena de remedos de elecciones parlamentarias, de gobernadores y alcaldes, así como supuestas consultas populares, que terminaron por convertir a la democracia en un significante vacío.
El estado de excepción democrática permanente se evidenció con el memorándum 2792 de 2018, que prohibía las discusiones de contratos colectivos, la unificación hacia abajo y el aplanamiento de las escalas salariales, mediante el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) de 2022, que liquidó los derechos adquiridos, pero también con la intervención judicial y el asalto a todos los partidos políticos de izquierda, la negativa a tramitar las solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales. Más de 11.000 perseguidos y detenidos políticos en una década, evidencian que el autoritarismo sustituyó a la democracia como sistema político. Para colmo, a diferencia de otras experiencias políticas que siguieron ese camino en otras latitudes, en el caso de Venezuela no solo no se liquidó a la burguesía, sino que la nueva burguesía surgida entre 2002-2026 se hizo de la mano y bajo la orientación de quienes habían expropiado el discurso socialista.
En el presente, el acuerdo de gobernabilidad Trump-Delcy no contempla elecciones libres, democráticas, justas y transparentes, a pesar que la Constitución de 1999 establece un plazo máximo de 180 días para convocar y celebrar nuevas elecciones ante la ausencia permanente del jefe de Estado. El acuerdo Trump-Delcy profundiza el Estado de excepción democrática en Venezuela.
El salario: la prueba de fuego
A mediados de diciembre de 2025, en medio del asedio imperialista militar en el Caribe Sur, las centrales de trabajadores no maduristas (de centro, izquierda y derecha), sin la oficialista Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (Cbst), alcanzaron un acuerdo unitario que colocaba al salario en el centro de las preocupaciones de la clase trabajadora. Este no es un dato menor, y explica el hecho que no se haya constituido un frente de unidad nacional antimperialista ni se hayan visto grandes movilizaciones de masas después de las agresiones imperialistas del 3 de enero. Para la clase trabajadora, el gobierno de Maduro, en términos de condiciones materiales de vida y salario, había resultado ser el peor en la historia republicana, y su narrativa contra Estados Unidos y las naciones imperialistas europeas, formaba parte de una cortina de humo para engañar a incautos. Los avances en los acuerdos con la administración Biden, para la venta y comercialización del petróleo, no solo no habían mejorado la situación económica de los trabajadores, sino que la habían empeorado, con años de congelamiento de los aumentos salariales, llevando el salario mínimo a menos de cincuenta centavos de dólar por mes. El instinto de la clase trabajadora entendía las contradicciones entre el Madurismo y el Trumpismo, como propias de intereses por la administración y acumulación de riquezas, así que la solución a su terrible situación de vida no estaba en el destino de esta confrontación, sino en recuperar la condición de sujeto movilizado en las calles.
La expectativa de un aumento salarial significativo, que pueda rondar entre 300-500 dólares, aunque difícil de materializar, es generalizado entre el pueblo humilde y la clase trabajadora. En ese contexto, el 3 de febrero se inició un nuevo ciclo de movilizaciones de masas en todo el país de la clase trabajadora, que ha tenido un hito muy importante en las concentraciones del 12 de marzo, realizadas por maestros, empleados públicos, trabajadores de Sidor y todo el universo de los sindicatos no patronales. La convocatoria a un ciclo de demandas por salarios justos, a partir del 25 de marzo, parecieran colocar al tema salarial como la prueba de fuego del acuerdo Trump-Delcy. Tal vez por eso, para organizar la respuesta a la movilización obrera, Delcy Rodríguez decidió sustituir el 18 de marzo a Padrino López al frente de cartera de Defensa, por el general Gustavo González López, el mismo que recibió y acompañó al director de la CIA en su vista a Venezuela. Sigamos atentos los zigzagueos de una revolución traicionada.
* Profesor universitario y cientista social venezolano. Actualmente profesor visitante en la Universidad Federal de Sergipe (UFS) de Brasil. Fue presidente del Centro Internacional Miranda (CIM) y viceministro de educación universitaria en el gobierno de Chávez. Ocupó la presidencia del IESALC-UNESCO integró el Comité Directivo de CLACSO. Es director fundador de Otras Voces en Educación. Sus libros más recientes son O Chavismo (2025), La situación de la clase trabajadora venezolana 2014-2025 (2025), Internacionalización universitaria: una constante en la historia de Latinoamérica y el Caribe (2026). Es integrante de los consejos editorial de las revistas Crítica Socialista y Lucha de Clases.
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