| Por: María Teresa Bernal / Juan Camilo Cepeda / Jhonier Chitiva Horta / Johan Sebastián Carvajal*|
El Comité Ambiental en Defensa de la Vida surgió en el Tolima como una respuesta colectiva a las amenazas ecológicas que acechaban al territorio a finales de la década de 2000. Líderes como Renzo García sitúan el origen exacto en 2008, cuando un grupo de campesinos de Cajamarca acudió a la Universidad del Tolima en busca de solidaridad. Con una mezcla de sospecha y angustia, relataban cómo la empresa Kedahda S.A. intentaba seducirlos con promesas de 'ríos de leche y miel', asegurando un progreso y una transformación económica que los habitantes locales veían con creciente desconfianza.
Renzo García, quien entonces coordinaba el Eje de Proyección Social de la universidad, recuerda cómo, junto a compañeros como Jaime, Alejandro y Valentina, iniciaron el rastreo de aquellas promesas. La investigación pronto destapó una verdad oculta en el territorio: detrás de Kedahda S.A. se escondía AngloGold Ashanti, una multinacional con un historial documentado de contaminación y vulneraciones de derechos humanos a nivel global. Esta revelación encendió las alarmas en la comunidad universitaria y motivó la creación del colectivo Alternativa, que, inspirado por las enseñanzas del maestro Gonzalo Palomino Ortiz, pilar del ecologismo latinoamericano, se integró a la Red Cultural y Ambiental La Reversa.
Hacia 2009, la influencia de La Reversa ya alcanzaba tierras cajamarcunas. Los constantes viajes de Renzo, en su rol como profesor del Instituto de Educación a Distancia (IDEAD), fueron el puente para conectar a estudiantes y campesinos que compartían la misma incertidumbre sobre el desembarco minero. Lo que comenzó como un ejercicio de pedagogía y diálogo social terminó por cristalizar en 2010 con el nacimiento del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, una plataforma plural que logró unir bajo una misma bandera a sindicatos, jóvenes, empresarios y liderazgos comunitarios.
Flor Múnera, defensora de derechos humanos con una amplia trayectoria en el acompañamiento de procesos sociales, ratifica este origen. Según explica, el Comité se gestó entre 2007 y 2009 como una respuesta ética y política del movimiento estudiantil frente a un convenio entre la Universidad del Tolima y AngloGold Ashanti. Dicho acuerdo pretendía realizar el estudio de factibilidad para 'La Colosa', el megaproyecto proyectado entonces como la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina. Aquel rechazo universitario fue el catalizador de un movimiento que unió creatividad y denuncia, nutriéndose de referentes nacionales como la defensa del páramo de Santurbán.
Las entrevistas confirman que la resistencia civil fue una respuesta estructural a las políticas extractivas de los gobiernos de Uribe y Santos. La llamada 'locomotora minera' priorizó concesiones de oro, hidrocarburos e hidroeléctricas en zonas críticas para la seguridad hídrica y alimentaria. Para el Tolima, esto representó una amenaza directa a su vocación agrícola, transformando la defensa del territorio en una causa colectiva contra el modelo de desarrollo nacional.
Al investigar la trayectoria de AngloGold Ashanti, Renzo y su equipo hallaron un historial de contaminación, desplazamiento y conflictividad social. Esta información se vio reforzada por el informe ‘La Sede Minera en Colombia’ de la Contraloría General de la Nación, un documento que revela una paradoja alarmante: los municipios con mayor actividad extractiva registran índices más elevados de violencia, pobreza y degradación ambiental que aquellos afectados por el narcotráfico.
Flor Múnera complementa este panorama con una visión política y cultural, denunciando la lógica de 'vender la sangre de la Pachamama' —como se refiere a la tierra— al exportar petróleo crudo y barato para reimportarlo refinado y costoso. Múnera insiste en que incluso empresas nacionales como Ecopetrol han replicado las lógicas extractivistas del capital transnacional, priorizando sistemáticamente la rentabilidad económica por encima de la sostenibilidad territorial y la vida misma.
Inspirado por la victoria social en Santurbán, el Comité adoptó una estrategia similar basada en el poder local. Apoyándose en el mandato constitucional del artículo 313, que otorga a los Concejos municipales la potestad de proteger el entorno natural, el movimiento impulsó una serie de consultas populares. Esta ruta jurídica no solo movilizó a la ciudadanía, sino que cristalizó en acuerdos municipales que blindaron el territorio tolimense frente a la actividad minera.
A estos conflictos se añade la dimensión armada del modelo extractivo. Santiago Ortiz, otro de los entrevistados, destaca las tensiones en zonas donde convergen la minería ilegal, el control de grupos armados y economías vulnerables, un escenario que impacta con especial rigor a las comunidades campesinas y a los adultos mayores. Bajo estas condiciones, la defensa del territorio ha trascendido lo ecológico para transformarse en una lucha integral por la preservación del agua, la vida y la autonomía territorial.
El Comité se expandió con el paso de los años, no solo en número de miembros, sino en su alcance estratégico. Los testimonios lo describen como un movimiento polifacético: una amalgama de protesta en las calles, arte, formación ambiental, pedagogía popular y participación institucional.
Para Renzo, cuya trayectoria es un puente entre la academia y el activismo, resistir nunca ha sido solo decir 'no'. Enfatiza la importancia de la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame, co creada con el Grupo Semillas, como un ejemplo vivo de alternativa al extractivismo. Su visión es clara: la defensa del territorio se materializa en la construcción de propuestas productivas que aseguren el agua, la vida y la permanencia de las comunidades en sus tierras.
Desde la primera línea de la defensa de los derechos humanos, Flor Múnera ha sido testigo y garante de las grandes movilizaciones en el Tolima. Su misión en las marchas contra La Colosa ha sido clara: vigilar que el ejercicio de la protesta social no sea vulnerado por la Fuerza Pública ni por civiles. Flor insiste en que el empoderamiento nace del conocimiento, afirmando que la información es la herramienta más poderosa. Como ella misma señala: “si la comunidad entiende qué son las concesiones hídricas o cómo operan las hidroeléctricas y petroleras, tiene el poder de decidir sobre su futuro”.
Uno de los hitos más profundos en la historia del Comité es la Marcha Carnaval, inaugurada en 2011. Con el paso de los años, esta movilización se ha consolidado como una potente fiesta política y cultural que desborda las calles de Ibagué. Andrés Zambrano señala que en sus ediciones más concurridas han participado más de 100.000 personas, mientras que Santiago Ortiz la define con orgullo como “la marcha más grande de Latinoamérica”; un escenario vibrante donde las comparsas, el arte y la música se funden con la pedagogía ambiental y la defensa del territorio.
El recorrido de la marcha, que tradicionalmente se realiza por la Carrera Quinta desde la calle 42 hasta el Parque Murillo Toro, ha tenido lugar año tras año el primer viernes de junio. Esto transforma a Ibagué, la ciudad musical de Colombia, en un vibrante epicentro donde convergen cuerpos, voces, culturas y delegaciones territoriales para reclamar la defensa del agua. La asistencia de figuras prominentes como Susana Muhamad o la presencia de delegaciones internacionales subraya la relevancia global de esta lucha local.
La formación ha sido uno de los pilares fundamentales del Comité. A través de los diplomados ambientales realizados en convenio con la Universidad del Tolima —nombrados en honor al maestro Gonzalo Palomino—, se ha capacitado a miles de ciudadanos; mientras Renzo García estima la cifra en más de 17.000 personas, Andrés Zambrano sitúa el alcance en al menos 10.000. Este programa gratuito ofrece tres niveles de formación técnica y política a campesinos, estudiantes y líderes comunitarios, abordando temas críticos como conflictos mineros, agroecología, mecanismos de participación y gestión de concesiones hídricas.
Flor Múnera cuenta que la idea de los diplomados nació de la base: de esas reuniones de vereda donde la gente pedía saber más para poder defenderse mejor. Lo que empezó de forma modesta se convirtió en una “escuela” masiva y viva, que está en constante actualización. El objetivo es claro: dar a la comunidad las herramientas intelectuales para que entiendan las amenazas ambientales y puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro.
Las entrevistas revelan que el Comité entendió la necesidad de incidir en lo institucional. La entrada de Andrés Zambrano al Concejo de Ibagué es una prueba de ello: desde allí impulsa debates clave sobre corrupción, educación y protección ambiental. Para Renzo, esta presencia política formal es fundamental para sostener luchas sociales y enfrentar los desafíos de la deserción escolar, la apatía juvenil y el avance extractivista.
En conjunto, las voces recogidas revelan que el Comité Ambiental no se limita a la protesta; es una estrategia vital que articula la educación para la conciencia, la organización comunitaria para la fuerza y la acción política para la incidencia, consolidando una defensa integral y duradera del territorio. Más que oponerse a la minería, el Comité ha tejido alternativas y ha fortalecido una conciencia ambiental que conecta a jóvenes, campesinos y diversos sectores sociales. Lo que emerge de las entrevistas es la imagen de un movimiento que sigue construyendo futuro: un compromiso ético con la vida y con la posibilidad de un Tolima más justo y sostenible.
*Trabajo final de la materia Introducción a las Ciencias Sociales. Estudiantes de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima.
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