| Por: Gearóid Ó Loingsigh |
Al colombiano no vale la pena
fusilarlo, ni revivirlo,
ya que vive postrado
en el altar de la mentira.
José María Vargas Vila
A veces los presidentes de Colombia pasan a la historia no sólo por lo que hicieron sino por lo que dijeron. Los más bobos como Duque (2018-2022) por frases tan poco elocuentes como “¿De qué me hablas viejo?” en respuesta a un periodista preguntándole sobre un bombardeo en el que murieron niños. Otros como Uribe (2002-2010) nos dejaron un sinfín de citas entre las cuales destaca “No estaban recogiendo café” su infame justificación por los asesinatos de jóvenes inermes conocidos como los falsos positivos que cobraron la vida de 7.837 jóvenes pobres.
Ernesto Samper (1994-1998) también nos legó varias frases. A mi juicio la más infame no es lo que dijo sobre la entrada de dinero del narcotráfico a su campaña electoral, sino su comentario sobre las propuestas para un nuevo código militar que excluyera a ciertos crímenes de la jurisdicción militar y pasarlos a la justicia ordinaria y de que la obediencia debida no se aplicará en casos de violaciones de los derechos humanos como justificación. Samper afirmó que “Como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas prefiero a los militares enfrentados a la subversión en las montañas y no en los juzgados del país contestando requerimientos infundados, presentados por sus enemigos.”[1]
No suena como la declaración de un defensor de los derechos humanos, y pues como presidente no lo era. Pero en medio de la campaña electoral se asoma y sacude la cabeza de vez en cuando presentándose como defensor de los derechos humanos. Hizo algo parecido en la campaña de Petro e incluso antes, el Partido Comunista invitó a Samper a su congreso en 2017 donde dio un discurso a favor de la paz.[2] Quedan atrás los escándalos que salpicaron a su gobierno como la defensa a capa y espada de las CONVIVIR, la fachada legal de los grupos paramilitares, creadas mediante un decreto del presidente César Gaviria y su ministro de defensa Rafael Pardo que Samper implementó o la Justicia Sin Rostro otra creación de Gaviria que Samper implementó con entusiasmo, encarcelando a más de un comunista usando testigos falsos y clonados.[3] Samper hoy en día es visto como un hombre de paz, defensor de los derechos humanos y un hombre ajeno al conflicto armado que vive el país. Cuando era presidente nadie hablaba de él en esos términos. Y nadie es nadie. Ni siquiera muchos de los del Pacto Histórico que hoy se toman fotos con él y las comparten por las redes como parte de la campaña electoral.
Samper siempre ha negado cualquier responsabilidad por el conflicto armado y las violaciones de los derechos humanos durante su presidencia. Para él, su gobierno fue un gobierno pulcro de angelitos encarnados. Samper será recordado por la frase “todo fue a mis espaldas” en referencia a la entrada de dinero del narcotráfico a su campaña presidencial. Lo decía con tanta vehemencia que parecía olvidarse que él era el candidato beneficiado por ese dinero. La verdad, sin embargo, es que para Samper todo lo malo de su gobierno fue a sus espaldas.
En 2007 entró en polémica con Myles Frechette, el embajador de los EE.UU. en Colombia durante su gobierno, por el tema del paramilitarismo, las CONVIVIR y la situación de derechos humanos en general. Samper le respondió en el mejor estilo de Uribe Vélez y con un descaro que lo igualaba.
Que estuvieran vinculados altos mandos de las fuerzas armadas del país para favorecer a los grupos paramilitares es absolutamente falso, esto es sólo una estrategia de desacreditar el gobierno de la época.[4]
Nos tomó por bobos. Sólo para nombrar dos: Los generales Rito Alejo del Río y Uscategui. Rito Alejo era el general que en 1997 llevó a cabo la Operación Genesis en Urabá en que las tropas bajo su mando operaron en alianza con los paramilitares. En 2012 lo condenaron a 25 años. Rito Alejo del Río era una pieza clave en el entramado paramilitar, o como Javier Giraldo describe su largo y sangriente prontuario él era “un baluarte del paramilitarismo”.[5] Uscátegui fue condenado a 37 años en 2009 por la masacre de Mapiripán que también ocurrió en 1997 cuando Samper era presidente. También está el caso del capitán Rodrigo Cañas y las masacres de los billares de Segovia en abril 1996. No es un rango tan alto como los otros casos, pero es llamativo pues a Cañas lo condenaron a 50 años y nunca pisó su centro de reclusión: la base militar de Tolemaida. Nadie sabe a dónde fue. Quizás a Israel, quizás integró a los grupos paramilitares. No se sabe.
Aun en los casos en que la justicia colombiana funcionara Samper optó por felicitar a los militares por su trabajo sucio, como en el caso de Nydia Erica Bautista.
Tras una decisión sin precedentes del Procurador Delegado para los Derechos Humanos, en septiembre de 1995 se destituyó a un general de brigada por responsabilidad en el secuestro, tortura y muerte de la activista política Nydia Erica Bautista, ocurrido en 1987. La destitución del general de brigada Álvaro Velandia Hurtado suscitó la vigorosa oposición de altos mandos militares y sectores del Congreso colombiano que intentaron, sin éxito, que se lo restituyera a su cargo. Tras el llamamiento inicial del Procurador Delegado para que se destituyera al general de brigada Velandia, éste fue condecorado por el comandante de las fuerzas armadas, por orden del presidente Samper. (negrilla no es del original).[6]
Samper siempre defendía a los militares y negaba que ellos violaran los derechos humanos. Ante una resolución del parlamento europeo en octubre 1996 afirmó sin sonrojarse que:
No es cierto que las fuerzas de seguridad colombianas hayan desarrollado una estrategia de emergencia, caracterizada por la ayuda a grupos paramilitares, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones.[7]
A lo largo de su presidencia las organizaciones de derechos humanos aprovecharon el discurso bonito y público de Samper sobre los derechos humanos para hacerle una serie de recomendaciones. Samper aceptó la responsabilidad del Estado por la masacre de Trujillo, que ocurrió antes de su presidencia, pero a pesar de las peticiones hechas nunca implementó las recomendaciones de la comisión de investigación. También varias organizaciones le pidieron promulgar una ley tipificando la desaparición forzada como delito en concordancia con el artículo 12 de la constitución colombiana. Amnistía Internacional se lo pidieron públicamente en septiembre 1994, dos meses después de asumir la presidencia.[8] No lo hizo él, le tocó a su sucesor Andrés Pastrana en el año 2000. Samper hizo poco de lo que le pidieron y luego del asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza, Amnistía no dudó en reclamar que “El gobierno colombiano debe poner fin a los ataques sistemáticos contra activistas de derechos humanos”[9] y culparlo por el asesinato de Umaña Mendoza.
En junio de 1997, los defensores de los derechos humanos presentaron al gobierno colombiano una serie de propuestas para contribuir a garantizar su seguridad. Entre ellas figuraba la petición de que se juzgara a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos, y que se tomarán medidas efectivas para disolver los grupos paramilitares. Los defensores de los derechos humanos solicitaron asimismo que se juzgara a los miembros de las fuerzas de seguridad que respalden a fuerzas paramilitares o que actúen junto con ellas.
Si el gobierno colombiano hubiera tomado esta firme medida, puede que el Dr. Umaña Mendoza y otros activistas de derechos humanos siguieran con vida. (negrilla no es del original).[10]
Valga recordar que Umaña Mendoza era un referente para casi todos los que hoy en día participan en el Pacto Histórico y más de uno de los que posan para fotos con Samper. Se habla de Samper hoy en día de una forma en que no se hacía cuando era presidente. Hacia el final de su mandato Amnistía Internacional le escribió una carta abierta que deben leer todos aquellos que avalan a Samper ahora. Es muy diciente y las partes citadas aquí lo describen en términos que pocos se atreven a usar ahora.
Señor presidente, durante su gobierno se ha perseguido a los defensores de los derechos humanos con una intensidad de la que no se conocen precedentes. A lo largo de los últimos cuatro años se ha dado muerte a más defensores de los derechos humanos que durante cualquier otro gobierno anterior. A pesar de haberse comprometido reiteradamente a proteger a los defensores de esos derechos, su gobierno ha renunciado a su responsabilidad y ha preferido ocultarse tras eufemismos y atribuir las agresiones a «fuerzas oscuras» a las que, según se asegura, no se puede identificar, contra las que no se puede luchar y a las que no puede hacerse rendir cuentas.
La indiferencia de su gobierno hacia la crítica situación de quienes pacíficamente tratan de proteger los derechos humanos y los principios básicos de la sociedad democrática constituye, en el mejor de los casos, una grave irresponsabilidad, y en el peor, negligencia criminal…
La ambivalencia de su gobierno en lo que a las organizaciones de derechos humanos se refiere ha permitido, y con bastante probabilidad ha fomentado, la escalada de los ataques contra los defensores. A pesar de las declaraciones en las que se reconoce la legitimidad de su labor, el hecho de que su gobierno no haya emprendido actuación alguna contra los miembros de las fuerzas armadas, en servicio activo o retirados, que han acusado falsamente a los defensores de los derechos humanos de estar relacionados con organizaciones subversivas, ha dejado bien a las claras que se tolerará la campaña de exterminio…
Es, por consiguiente, responsabilidad incuestionable de los Estados garantizar el libre ejercicio del derecho a la promoción y defensa de los derechos humanos. Los Estados tienen la obligación primordial, conforme al derecho internacional, de proteger y fomentar ese derecho, de evitar que sea objeto de amenaza, restricción o supresión, y de proteger la libertad y seguridad de quienes lo ejercen. Señor presidente, su gobierno no ha cumplido con esta obligación.[11]
Amnistía Internacional es una ONG de derechos humanos, pero suele ser muy diplomático en el lenguaje empleado, así el tono de la carta abierta es diciente. Los que rehabilitaron a Samper, y lo elogian a pesar de que él sigue en la misma negación del brutal récord de su gobierno, son traidores. Traicionan a la defensa de los derechos humanos, insultan a la memoria de las víctimas del gobierno de Samper y reducen el paramilitarismo a un solo presidente: Uribe Vélez. Y eso a pesar de que el papel de todas las presidencias en el paramilitarismo está bien documentado. Reescribir la historia de esta forma lavando la imagen de semejante personaje es un acto de corrupción.
Aquí he hecho una presentación somera del prontuario de Samper. En cuanto a los derechos humanos, su prontuario es largo, incluía estados de excepción donde otorgaba poderes especiales a los militares, reducía la edad de responsabilidad penal a 14 años, allanamientos sin orden judicial, censura etc. En términos económicos también, su entrega de los recursos naturales, su intento de introducir un código minero que favorecía a las multinacionales y de paso a sus propias empresas.[12] La lista es larga, no da para un libro sino muchos, tesis doctorales incluso. Samper como presidente hizo todo lo que critican los militantes del Pacto Histórico y sin embargo lo tienen allí como una de las estrellas del momento. Cuán poca memoria histórica y dignidad tienen. Espero que el pago por postrarse ante semejante personaje valga la pena para ellos. La inclusión de personas como él en la campaña del Pacto Histórico dice mucho sobre la pobreza de sus propuestas y la falta de visión y audacia.
[1] AI (1996) Colombia: Se agrava la crisis de derechos humanos. P.11 https://www.amnesty.org/es/wp-
[2] Semanario Voz (21/07/2017) Unidad para construir un nuevo país . http://semanariovoz.com/
[3] Como los testigos no eran identificados en varios casos el mismo “testigo” testificaba varias veces en procesos distintos.
[4] Caracol (31/03/2007) Frechette: ‘El gobierno sabía que las Convivir se estaban convirtiendo en paramilitares’. https://caracol.com.co/radio/
[5] Giraldo, J. (2003) El General (r) Rito Alejo del Río: baluarte del paramilitarismo bajo el blindaje de la impunidad. https://javiergiraldo.org/el-
[6] AI (1996) Op. Cit. p.3
[7] HRW (1996) Las redes de asesinos de Colombia. https://www.hrw.org/legacy/
[8] AI (18/09/1994) Colombia: Further information: “Disappearances”: President must promulgate draft law against “disappearances” and new concern: Death threats. https://www.amnesty.org/en/
[9] AI (19/04/1998) Colombia: El homicidio del Dr. Umaña Mendoza – El gobierno colombiano debe poner fin a los ataques sistemáticos contra activistas de derechos humanos. https://www.amnesty.org/es/
[10] Ibíd.,
[11] AI (18/05/1998) Colombia: Carta abierta al Señor presidente de la república Ernesto Samper Pizano. https://www.amnesty.org/es/
[12] Ó Loingsigh, G. (2003) La Estrategia Integral del Paramilitarismo en el Magdalena Medio. p.71 https://www.academia.edu/
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